EL TULIPÁN NEGRO
Es cierto que hasta los que somos ya mayores hemos tenido un desconocimiento, casi total, de nuestra historia reciente y no me refiero al medievo ni al siglo XVIII, sino al siglo pasado el XX.
Este país, denominado España, yo me siento profundamente español, ha sido objeto de manipulaciones, ignorancia inducida y alguna cosa más.
Han tenido que pasar muchos años para que nos enteremos, si queremos, de determinadas confabulaciones en contra de los súbditos, administrados y ciudadanos de nuestra España.
Me arrepiento de no haber leído más, pero sobre todo me indigna el oscurantismo que se nos ha trasladado del pasado siglo XX.
Si la sabiduría es aquello que queda después de estudiar, me hubiera gustado que alguien me hubiera hablado de la Ley Electoral de 1907 y de la ley de responsabilidades políticas del año 1939, al menos me hubiera hecho una idea de lo bien o mal que nuestros dirigentes nos ha tratado a lo largo del pasado siglo.
Que se estableciera en la Ley Electoral de 1907, que en determinadas circunscripciones electorales quedan elegidos vía artículo 29, automáticamente los que se presentaban si no había otra lista electoral alternativa, da idea de lo que se pretendía, sencillamente que ante una población con unos niveles de analfabetismo de dos dígitos, sólo se presentará una lista y quedaran elegidos los que se presentaban.
Eso sencillamente era preservar un entorno absolutamente “caciquil”, y así nos ha ido.
Que la Ley de responsabilidad políticas del año 1939, se aprobará cuando no había terminado todavía la contienda civil y con efectos retroactivos al año 1934, no tiene nombre.
Esa ley permitió hasta el año 1945, imponer confiscaciones, inhabilitaciones y multas a los que mantuvieron el apoyo a la república es decir a los que cumplieron con la legalidad vigente, sólo socavada por los que secundaron el alzamiento nacional.
Significaba la muerte civil del que era procesado, ojo que además se imponían multas a los que ya estaban “eliminados” y tenían que hacer frente a las mismas sus familiares, en el mejor de los casos sus viudas y sus hijos con escasos recursos, eso significaba sometimiento y vivir de la caridad.
Se abrieron del orden de medio millón de expedientes de responsabilidad política para encausar a los que cumplieron la ley y con efectos retroactivos. Además si el encausado estaba vivo y tenía una profesión u oficio se le inhabilitaba para su ejercicio. Eso sencillamente era su muerte civil.
Esas cosas y muchas más nunca nos las contaron.
Al hilo de lo que pueda transcender de la desclasificación de los documentos del 23 de febrero de 1981, se debería intentar por nuestra clase política que no nos engañaran, una vez más, y nos cuenten lo que de verdad pasó en esas horas aciagas.