Cuando todo parecía que iba a ser agradable y positivo para el presidente de la Comarca del Jiloca, la basura comenzaba a acumularse rebosando los contenedores, justo en los días que más gente hay en los pueblos, y consecuentemente cuando más basura se genera, coincidiendo además con las fiestas de muchas localidades. Los trabajadores que limpian los municipios de residuos, encargados de llevarse la basura a otra parte, han decidido parar de recibir amenazas y poco sueldo. La nueva empresa que gestiona esta recogida es FCC y es la encargada de llevar adelante el nuevo contrato al que se presentó voluntariamente a la licitación. La cual han estado preparando desde la institución comarcal durante varios años, entre otros, el actual presidente Javier Hernández, que anteriormente fue consejero de residuos. Amplio conocedor del tema y de la situación en la que se encontraba la prestación de los servicios a los municipios. Cabe destacar que la nueva empresa, a razón de los comentarios de algunos trabajadores y ex-trabajadores, ha entrado como un elefante en una cacharrería. Han tirado todo lo que habían construido en solitario los trabajadores y algunos incluso han recibido amenazas. Recordamos que FCC es una multinacional, siendo el beneficio económico una prioridad, antes que el beneficio social y medioambiental. Es urgente una solución. Las calles y contenedores están reventados y llenos de suciedad. Si esto sigue así, se va a convertir en un problema de salud pública, ya que muchos de ellos llevan sin limpiarse durante años, y ahora la acumulación de basura supone un lugar perfecto para la proliferación de gusanos y avispas, entre otros. El ciudadano paga religiosamente sus tributos a los ayuntamientos y estos encomiendan el servicio de recogida a la Comarca, que es la responsable de garantizar su ejecución. Además, es esta la que debe velar por el buen servicio y el control del mismo, exigiéndole las limpiezas y mejoras firmadas. Este problema se lleva arrastrando desde hace años, ya que contratos anteriores con otras empresas tampoco han funcionado correctamente, por lo que muchos de los problemas actuales vienen de aquellos lodos. Toda huelga es constitucionalmente admisible, pero también hay que reconocer que no ha habido buen entendimiento entre la nueva empresa y los trabajadores. Tampoco es admisible que alguien que debe realizar uno de los servicios más importantes en la comarca esté mal pagado y con convenios de hace 19 años. Señores políticos, busquen acuerdo entre ambas partes, dialoguen entre empresa y trabajadores y no escurran el bulto, solo así se podrá mejorar esta situación insalubre que estamos viviendo en la comarca del Jiloca.

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