
La instrumentalización con fines exclusivamente electorales en la que
algunos insisten, nos obliga de nuevo a mostrar el compromiso claro
del Partido Socialista con las ayudas al funcionamiento a las empresas
que el actual Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, ha
puesto en marcha para las tres provincias españolas bajo el umbral
de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, entre ellas la de Teruel.
Nos obliga a repetir que son ayudas ya implementadas y que tras
casi tres años de aplicación han supuesto cerca de 40 millones de euros
en bonificaciones para las empresas turolenses, lo que se traduce
en un apoyo real y tangible a la actividad económica, a la creación
de oportunidades y al mantenimiento del tejido productivo en nuestro
territorio. Son medidas que empiezan a dar resultados y que reflejan
el compromiso firme del Ejecutivo central con las zonas que sufren la
despoblación, también explicitado en otras líneas de ayuda que llegan
a las empresas que ya existen o impulsan nuevos proyectos.
Las ayudas mejoran la competitividad empresarial, reducen costes
y favorecen la estabilidad del empleo. No son actuaciones aisladas,
sino políticas pensadas y planificadas de acuerdo a los requisitos que
impone la Unión Europea para ofrecer a todas las empresas mejores
condiciones para crecer, consolidarse y generar puestos de trabajo de
calidad sin afectar a la libre competencia. Por eso, con el más absoluto
rigor que se requiere, desde el PSOE trabajamos con determinación
para que estas bonificaciones crezcan, se consoliden, se mantengan en
el tiempo y continúen aplicándose de manera efectiva año tras año,
reforzando una estrategia a largo plazo.
Sin embargo, también es fundamental recordar que estas y otras
ayudas económicas no garantizan por sí solas su efectividad si no van
acompañadas de otras medidas, fundamentalmente de servicios públicos
sólidos y accesibles. ¿Cuántos proyectos se ven amenazados hoy
por la falta de personal? ¿Cuántas personas conocemos cada día en
nuestros pueblos que, aún con oferta de trabajo firme, no pueden comprometerse
por falta de vivienda? ¿O que, lógicamente, anteponen la
calidad de vida de sus hijos o ancianos al desarrollo de sus carreras
profesionales?
La continuidad de las escuelas rurales, la apertura de los consultorios
médicos locales, un transporte público eficaz y la disponibilidad
de otros servicios básicos son condiciones imprescindibles para que las
familias y los trabajadores desarrollen su proyecto de vida en nuestros
pueblos. Y garantizar esos servicios públicos no se consigue, por
ejemplo, destinando el dinero a concertar la educación o la sanidad
públicas. Todos tenemos los mismos derechos y debemos defender lo
público para asegurar acceso en igualdad de condiciones a los servicios
esenciales, sin distinciones ni privilegios.
Hacemos un llamamiento al Partido Popular y al Gobierno de Azcón
a comprometerse con el mantenimiento real y la potenciación de estos
servicios esenciales, más aún atendiendo al aumento de financiación
desde el Gobierno de España. También a desarrollar instrumentos
como la Ley de Dinamización del Medio Rural y sus bonificaciones.
La lucha contra la despoblación exige cooperación institucional, visión
común y responsabilidad compartida. Tanto empresas como ciudadanos
necesitan un entorno estable, con servicios cercanos, garantizados
y de calidad.
El Partido Popular nunca mostró interés por las ayudas al funcionamiento:
no las impulsó cuando tuvo la oportunidad ni se implicó en
su consecución. Las usa únicamente como herramienta de oposición,
antes y después de su puesta en marcha, con mentiras y argumentos
simplistas que no solo no responden a la realidad sino que crean falsas
expectativas. Quienes sí trabajaron codo a codo con el anterior Gobierno
de Aragón y el Gobierno de España deberían saberlo y no hacer el
juego a quienes solo piensan en su futuro político.
Desde el Partido Socialista continuaremos defendiendo tanto estas
ayudas como otras que ya llegan o que deberían llegar, así como el
fortalecimiento de los servicios públicos, porque son la base para fijar
población y generar oportunidades reales en la provincia de Teruel.
