En las últimas semanas tras el anuncio por parte del actual presidente del Gobierno del acuerdo de investidura con los partidos independentistas de Cataluña, han sido muchas las asociaciones relacionadas con el mundo judicial que han salido a la palestra mostrando su desacuerdo con el mismo.
Pero, ¿por qué los jueces, fiscales, abogados e inspectores de Hacienda están en contra de la tramitación de la ley de amnistía?
La respuesta no es sencilla, pero vamos a intentar aclarar la cuestión. Nuestra democracia cuenta con tres poderes, Poder Ejecutivo, representado por el Gobierno de España, el Poder Legislativo, representado por las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) y el Poder Judicial.
La Constitución se redactó bajo el principio básico de no interferencia entre estos tres poderes, es decir, debían respetarse mutuamente y no interferir en su normal desempeño. No obstante, este sistema no es perfecto, como hemos visto en los últimos años con ciertas interferencias del Poder Ejecutivo y Legislativo en el Judicial.
Ejemplos de ello lo encontramos en que el Fiscal General del Estado sea nombrado por el Presidente del Gobierno, que los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial sean nombrados por el Congreso de los Diputados y el Senado, al igual que 8 de los 12 miembros del Tribunal Constitucional.
A pesar de estas deficiencias, el artículo 117 de la Constitución indica que la justicia se administra por jueces y magistrados que únicamente están sometidos al imperio de la ley; y no a la conveniencia o a las indicaciones de los cargos políticos.
En los acuerdos adoptados por parte del actual Gobierno con los partidos independentistas, se habla de “lawfare”, es decir que los jueces y magistrados faltando a su deber de objetivad y sumisión a la ley, se dedicaban a perseguir a políticos independentistas, no por la comisión de delitos (que efectivamente habían llevado a cabo), sino como una especie de “caza de brujas” para inhabilitarlos y así deshacerse de ellos.
Aceptar este acuerdo es lo mismo que decir que el actual Gobierno reconoce que nuestros jueces y magistrados son meras “marionetas del poder”, que han cometido prevaricación en todos y cada uno de los procesos contra los líderes independentistas, al dictar sentencias que no pretendían condenar delitos, sino perseguirles judicialmente por motivos puramente ideológicos.
Abrir la puerta a que se constituyan las comisiones de investigación que se exigen en los acuerdos firmados, supone la ruptura más descarada del frágil equilibrio existente entre los tres poderes, ya que el poder legislativo movido por intereses políticos sería el que valoraría la objetividad o no de las sentencias dictadas por jueces y magistrados independientes.
Si finalmente se tiene el descaro de continuar en esta línea, mi humilde recomendación es que el Ministerio de Justicia forme convenientemente a Jueces y Magistrados en el sector de la hostelería, ya que la justicia pasará a servirse en bandeja y a la carta.