Los incendios forestales que asolan nuestro país verano tras verano son una evidencia innegable de la existencia del cambio climático. Consecuentemente, cada día está más claro que el modelo de gestión forestal es manifiestamente mejorable. Con el paso de los años somos partícipes de cómo el matorral y la biomasa se acumula en nuestros montes debido al abandono rural, mientras las intervenciones preventivas en invierno resultan insuficientes o carecen de la continuidad necesaria. Se invierte tarde y mal en la masa forestal, dejando la suerte de nuestros ecosistemas a merced de un chispazo en cualquiera de los días más calurosos. En Daroca contamos con el trabajo incansable de la BRIF y en Calamocha con la base helitransportada; dotaciones que, coordinadas con los parques de bomberos comarcales y el cuerpo de Agentes de Protección de la Naturaleza, conforman la verdadera primera línea de defensa. Gracias a su entrega profesional estamos, en la medida de lo posible, protegidos. Sin embargo, es difícil olvidar el brutal incendio de Castejón de Tornos de hace apenas unos años, un episodio que dejó cicatrices en el territorio y que puso en jaque a varias localidades de la zona, recordando el peligro real que acecha a las puertas de nuestros pueblos. La lección parece clara: resulta imprescindible reforzar cuadrillas como la BRIF, dignificar de forma firme sus condiciones salariales y dotar a sus profesionales de los medios técnicos más avanzados. Cuanto mejor equipados estén, más efectivas y seguras serán sus actuaciones ante emergencias de gran escala. Sin embargo, alcanzar esta meta tropieza con una barrera estructural: el protocolo de subcontratación en los servicios públicos. Gran parte del operativo de prevención y extinción acaba supeditado a licitaciones privadas donde las empresas adjudicatarias, por propia lógica mercantil, priorizan el margen económico y la rentabilidad del contrato. Cuando la seguridad de nuestras masas forestales en las zonas rurales se gestionan bajo este beneficio comercial, las inversiones en personal y recursos se resienten. Proteger el patrimonio natural exige entender los servicios de bomberos forestales como una inversión pública prioritaria e intocable, y no como una partida presupuestaria sujeta al regateo empresarial. Nuestros montes no necesitan parches burocráticos ni promesas que se evaporen con el humo de la primera llama. Necesitan un compromiso inquebrantable con quienes arriesgan la vida junto al fuego. Reforzar a las brigadas, dignificar sus salarios y dotarlas de todo recurso no es un gasto, es una inversión necesaria y prioritaria.