Editorial
El miedo a lo desconocido es una reacción humana natural, pero cuando se convierte en un freno al progreso sin base técnica, supone una amenaza para el desarrollo rural. En la comarca del Jiloca, la aparición de la plataforma «Stop Biogas» parece responder más a intereses y estrategias políticas que a una preocupación real basada en datos contrastados. Escudándose en alarmismos y manipulando la información, formaciones políticas buscan sembrar la desconfianza entre los vecinos, repitiendo viejas fórmulas que ya conocemos. Para analizar este debate con rigor, conviene investigar y comparar. En España y en Europa existen cientos de plantas de biogás en funcionamiento, muchas de ellas más cerca de lo que imaginamos. Además, resulta absurdo comparar la tecnología actual, en pleno 2026, con la de hace diez o quince años. La ingeniería de gestión de residuos ha evolucionado en eficiencia, seguridad y control de olores. Es comprensible sentir incertidumbre ante un proyecto nuevo cuando falta información limpia. Sin embargo, en el caso de Calamocha, la empresa Moeve ha mostrado transparencia: ha ofrecido reuniones informativas, entrevistas e incluso organizó un viaje a Alemania para que vecinos y representantes pudieran conocer de primera mano el funcionamiento de estas instalaciones de última generación. La plataforma, lejos de querer informarse, optó por descalificar y faltar al respeto a los que viajaron voluntariamente para formación propia, así como a toda la ciudadanía que contempla el proyecto con buenos ojos. Priorizar el bloqueo político por encima del criterio de los propios vecinos es una clara falta de consideración hacia los vecinos. La historia nos ofrece una perspectiva muy reveladora si echamos la vista atrás. Quienes hoy mueven los hilos tras «Stop Biogas» en el Jiloca son, en esencia, los mismos nombres que en su día impulsaron plataformas como «Al Jiloca ya le toca» y promovieron megaproyectos como Jiloca Laqua en el pantano de Lechago. Solo hace falta conectar los puntos para sacar conclusiones sobre quiénes buscan construir futuro y quiénes instrumentalizan el descontento social según sople el viento político. En lugar de precipitarnos e imponer relatos alarmistas, lo mínimo que se debe pedir es respeto hacia todos los vecinos y rigor institucional. La última palabra no la tiene una plataforma ni una pancarta, sino el INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) del Gobierno de Aragón, que es el órgano competente para evaluar las garantías técnicas y ambientales de la iniciativa. Permitamos que las instituciones trabajen con datos objetivos antes de condenar cualquier oportunidad de progreso.