Los principios rectores de la política social y económica, recogidos en la Constitución Española en el Capítulo III del Título I (artículos 39 a 52), son la base para garantizar el bienestar de la ciudadanía y una sociedad más justa.
Uno de los pilares más importantes es la protección de la familia y los derechos de los niños (art. 39). Se garantiza que todos los menores, sin importar su origen, tengan los mismos derechos y reciban una protección adecuada. También se vela por la seguridad de las madres y el bienestar familiar en general. El objetivo es que las familias cuenten con apoyo suficiente para criar a sus hijos en un entorno estable y seguro.
En el ámbito laboral (art. 40), se señala que los poderes públicos deben promover políticas que faciliten el acceso a un empleo digno y seguro. Se establecen medidas para garantizar la salud de los trabajadores, limitar la jornada laboral y asegurar periodos de descanso adecuados, como las vacaciones pagadas. Asimismo, se fomenta la formación y la readaptación profesional para mejorar la empleabilidad de los ciudadanos y reducir el desempleo.
El derecho a la Seguridad Social está reflejado en el art. 41, que garantiza un sistema público de protección para ayudar a quienes se encuentran en situaciones de necesidad, especialmente en casos de desempleo. Este sistema busca evitar que las personas en situaciones vulnerables queden desprotegidas. Se trata de un mecanismo fundamental para garantizar que todos los ciudadanos tengan un nivel de vida digno en momentos de dificultad.
Otro punto clave es la protección de la salud (art. 43). La Constitución establece que los poderes públicos deben asegurar un sistema sanitario eficaz, con medidas preventivas y servicios médicos accesibles para todos. También se fomenta la educación en salud y la práctica del deporte como herramientas para una vida más saludable. La salud es un derecho básico y, por ello, se promueve un sistema sanitario que atienda a toda la población sin discriminación.
El acceso a la cultura y la educación es otro derecho fundamental. Según el art. 44, el Estado debe garantizar que la ciudadanía pueda acceder a la cultura y fomentar la ciencia y la investigación en beneficio del progreso social. La educación es la base del desarrollo personal y colectivo, por lo que el Estado debe asegurar su gratuidad y calidad, garantizando la igualdad de oportunidades.
La Constitución también destaca la importancia del medio ambiente (art. 45), promoviendo el uso responsable de los recursos naturales para que las futuras generaciones puedan disfrutar de un entorno saludable. Se remarca la necesidad de políticas sostenibles y de concienciación ciudadana sobre la protección del entorno natural.
El derecho a una vivienda digna (art. 47) es otro de los principios esenciales. Se establece que los poderes públicos deben fomentar condiciones que faciliten el acceso a la vivienda, evitando la especulación y asegurando que nadie se quede sin un hogar. La vivienda es un derecho esencial para la estabilidad y el bienestar de las personas.
Además, la Carta Magna protege la participación de la juventud en la vida política y social (art. 48), la inclusión de las personas con discapacidad (art. 49) y el derecho de los mayores a recibir pensiones adecuadas (art. 50). También se establecen derechos para los consumidores y usuarios (art. 51) y se reconoce el papel de las organizaciones profesionales en la defensa de los intereses económicos (art. 52).
En este artículo, hago referencia al concepto de “poder público”. Los poderes públicos son responsables de diversas funciones esenciales, tales como la administración de la justicia, la elaboración y ejecución de las leyes, y la gestión de los servicios públicos; y se estructuran fundamentalmente en los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Estos principios reflejan el compromiso de la Constitución con una sociedad más equitativa y solidaria, donde los derechos de todos los ciudadanos sean protegidos y promovidos de manera efectiva.
La Carta Magna establece un marco de convivencia en el que los poderes públicos deben trabajar activamente para garantizar el bienestar y la justicia social, asegurando que ningún sector de la población quede desprotegido.