EL TULIPÁN NEGRO
Es una famosa maldición gitana (recogida en el refranero español) que advierte que, aun ganando un juicio, el proceso es tan largo, costoso y desgastante, que la victoria deja un sabor amargo.
Su significado se refiere a las cuantiosas pérdidas que puede acarrear un pleito tanto, si se gana, como si no.
Todo ello da que pensar, pero lo malo es que en lo que hace pensar es en la visión negativa que la gente tiene de la Justicia, por bien parados que teóricamente salgan de ella.
El problema no es que se investigue o se impute a gentes como el que fue Fiscal General de Estado, miembros o ex miembros de los gobiernos actuales o anteriores o entornos familiares de los Presidentes y ex presidentes del Gobierno, porque cuentan para su defensa de grandes bufetes de abogados, penalistas, procesalistas etc.,
El problema es cuando determinados agentes de la “judicatura” se encaran con las personas normales, es decir, con cualquier ciudadano que tiene que buscar quién les defienda, deprisa y corriendo, ante una demanda o ante una instrucción que, llena de prejuicios, tenga otras motivaciones, no sólo jurídicas.
Imagínense que un ciudadano normal se tiene que enfrentar a la tan temida y hoy puesta en duda, Unidad Central Operativa (UCO), que no es una entelequia, sino que está formada por personas, con su ambiciones y ganas de colgarse medallas.
A alguien del Ministerio Fiscal que quiere medrar a costa de lo que sea, que también son personas con ambiciones.
A un Juez Instructor con ganas de dar caña, aunque sea corregido por la Audiencia Provincial de turno, pero que sigue adelante con su instrucción, digamos torticera.
Ese ciudadano imaginario pasará años de miseria social y su entorno familiar y laboral hará aguas.
Es cierto que, como en todas las profesiones y trabajos, existen en la judicatura una mayoría de profesionales que ejercen de manera ejemplar sus cometidos, pero ese trabajo no se transmite a los ciudadanos, sólo transciende el error judicial, pero ojo porque hay errores y errores, y es que determinadas instrucciones han sido objeto de varapalos importantes por las Audiencias Provinciales, tal es el caso de algunas anulaciones de apertura de juicio y otras resoluciones.
Hay instrucciones que parecen verdaderos “Sainetes Aragoneses”.
Nuestro texto constitucional dice que la Justicia emana del pueblo, algunas actuaciones de algunos jueces de instrucción no parece que emanen del pueblo sino de su cabecita, llena de prejuicios y otros motivos.
Los integrantes del poder judicial son independientes, inamovibles, responsables y sometidos sólo al imperio de la Ley.
Así debe ser, el problema está en la responsabilidad pues aunque se “enmienden” sus actuaciones no responden ante nada.
Se imaginan a un funcionario público, corregido una y muchas veces más en sus actuaciones e informes y que siga en su puesto y no sometido a un expediente sancionador, eso sólo pasa en el ámbito del poder judicial, algunos, muy pocos, campan a sus anchas y nada les detiene, mientras dejan un rastro de miseria y problemas a los ciudadanos a los que persiguen sin motivo demostrado al final del tortuoso camino al que se han tenido que enfrentar.
Parece ser que las “cloacas” existen en muchos ámbitos.