En el complejo engranaje de la administración pública, existe una figura que, sin necesidad de aparecer en los carteles electorales, sostiene el peso íntegro de la institución: el Secretario-Interventor. En el ámbito local y comarcal, esta figura no es solo un asesor jurídico o un gestor de actas; es, para bien o para mal, el filtro absoluto por el que debe pasar cada decisión, cada contrato y cada céntimo de dinero público. La sabiduría popular no se equivoca cuando afirma que un pueblo funciona si tiene un buen secretario y un buen alguacil. Mientras el segundo ejecuta, el primero garantiza que la ejecución no termine en un juzgado.
Sin embargo, cuando esa función de control se convierte en un “endiosamiento”, la maquinaria se gripa. En las administraciones pequeñas, como nuestras comarcas, el Secretario-Interventor acumula un poder técnico que puede llegar a eclipsar al político. Si el secretario quiere que algo avance, vuela; si decide que el camino es la fiscalización obstructiva, la institución se detiene.
Actualmente, el panorama en la Comarca del Jiloca refleja la cara amarga de esta dependencia. La gestión, presuntamente, se encuentra en un preocupante stand-by, fruto de un clima de tensión donde los informes y las trabas burocráticas parecen haber sustituido a la colaboración. Esta situación ha llegado al extremo de provocar la baja del actual presidente, evidenciando que cuando el entendimiento entre el personal técnico y el político se rompe, es la ciudadanía la que pierde.
Detrás de este “rifirrafe” administrativo, subyace a menudo una presión por mejoras salariales que condiciona el ritmo de la casa. Es una paradoja dolorosa: mientras se exige un aumento de sueldo, la parálisis institucional impide que ese dinero se traduzca en servicios para los vecinos. El miedo en los departamentos de administración comarcal es palpable; una atmósfera donde “no se puede ni respirar” por temor a un informe desfavorable es el síntoma inequívoco de una institución enferma.
La cordura debe volver. Una comarca no puede ser el rehén de las aspiraciones personales o del bloqueo sistemático. El futuro del Jiloca depende de recuperar una actividad rutinaria eficiente, donde el funcionario sea un facilitador de soluciones y no un muro infranqueable. Solo cuando se priorice el servicio público, podremos ver una institución que despierte de su letargo, permitiendo que la felicidad —y por qué no, las mejoras económicas— lleguen a todos por igual.