Aseguran que la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda ha anunciado al Decanato de Registradores de Aragón que ya no va a renovar el convenio que permite el funcionamiento de estas oficinas en todo el territorio
El Partido Socialista ha dado la voz de alarma y asegura que el Gobierno de Aragón en funciones de Jorge Azcón pretende cerrar las oficinas liquidadoras de los Registros de la Propiedad que operan en el medio rural, fuera de las capitales de provincia. Se trata de un servicio que permite a los habitantes gestionar los impuestos de transmisiones patrimoniales o de sucesiones y donaciones y que, al encontrarse ubicadas en las sedes de los registros de la propiedad, evitan desplazamientos a las capitales a quienes necesitan realizar algún trámite.
El Partido Socialista asegura que la Dirección General de Tributos , que depende de la Consejería de Hacienda, ha comunicado al Decanato de Registradores de la Propiedad de Aragón que no va a renovar el convenio que permite el funcionamiento de estas oficinas. La rúbrica debería efecturase antes del 30 de junio, fecha en la que caduca el actual acuerdo, y de no ser así se verían abocadas a cesar su actividad. La medida afectaría a las oficinas liquidadoras de Calamocha y de Daroca, además de las de Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Ateca, Barbastro, Belchite, Benabarre, Boltaña, Borja, Calatayud, Caspe, Castellote, Ejea de los Caballeros, Fraga, Híjar, Jaca, La Almunia, Mora de Rubielos, Pina de Ebro, Sabiñánigo, Sariñena, Tamarite de Litera y Tarazona. 25 centros en total, todos salvo los ubicados en Zaragoza, Huesca y Teruel.
Para la diputada socialista Maria Ariño, la noticia supone la eliminación de un servicio “de proximidad” y considera que con ello el Gobierno de Aragón “vuelve a dar la espalda al medio rural”. La denuncia de los socialistas se produjo en Calamocha, donde el alcalde, Manuel Rando, destacó la importancia que tiene este servicio “sobre todo para las personas mayores que no pueden desplazarse o que tienen problemas con los medios informáticos”. Además dio algunos datos sobre la oficina local, extraídos del informe de 2023, en los que se constata que ese año se atendió a más de 6.000 personas, lo que lo considera un servicio “útil”.
En el caso de Daroca, el alcalde de la localidad, Miguel Ángel García se mostró prudente con la situación y prefiere “esperar para ver cómo se resuelve la situación”, confía en que “al ser un problema global, que afecta a todas las oficinas”, se busque también “una solución global para todas”. Asegura que se enteró de que no se iba a renovar el convenio “por los medios de comunicación”, y enseguida se puso en contacto con el nuevo registrador de la propiedad, ya que Daroca se encuentra inmersa en pleno cambio con respecto a este puesto “hemos quedado la semana que viene y analizaremos la situación”, ha dicho. En la oficina de la ciudad a día de hoy trabajan 4 personas en total, entre el registro de la propiedad y la liquidación de impuestos.