Los resultados electorales en las comarcas del Campo de Daroca y del Jiloca tras la jornada del 8 de febrero de 2026 han confirmado una tendencia que, para muchos en el territorio, se siente como una oportunidad perdida en el laberinto de la política institucional. Tras una repetición electoral forzada por la incapacidad de alcanzar un acuerdo presupuestario entre el Partido Popular y Vox en las Cortes de Aragón, el panorama resultante no solo es similar al anterior, sino que profundiza en las contradicciones de una autonomía que parece olvidarse de sus extremos. La convocatoria de estos comicios ha supuesto un coste cercano a los 5 millones de euros, un dinero que sale de las arcas públicas y que muchos vecinos de nuestras comarcas ven como una inversión que jamás llegará a sus pueblos. Resulta paradójico que, por una falta de entendimiento en el palacio de la Aljafería, se someta al electorado a un proceso que ha terminado por dar el doble de representación a Vox (pasando de los 7 escaños de 2023 a los 14 actuales), el mismo partido cuyo bloqueo llevó a la parálisis presupuestaria y al adelanto electoral. En el Campo de Daroca y el Jiloca, donde el Partido Popular se ha mantenido como fuerza más votada, el ascenso de Vox (superando el 18% en algunas zonas) refleja un voto de castigo o de convicción que, irónicamente, alimenta una agenda política que aboga por la centralidad. La paradoja es evidente: nuestros pueblos votan a formaciones que, en sus programas nacionales, proponen reducir las competencias autonómicas y el peso de las administraciones locales, esas mismas que son el último salvavidas para el mundo rural. La sensación agridulce que deja el “disfruten lo votado” se palpa en los cafés de Daroca o Calamocha. El pueblo es soberano y ha elegido un bloque de derechas reforzado, pero la gran incógnita es si esa soberanía servirá para mejorar los servicios básicos o para seguir desmantelando la red de apoyo local. Mientras los grandes centros urbanos ganan peso, nuestras comarcas corren el riesgo de quedar como meras anotaciones en un presupuesto prorrogado. Nos enfrentamos a una legislatura donde la “divina esperanza” parece ser el único plan estratégico para que, al menos, las infraestructuras y servicios que hoy tenemos no se sigan degradando. Si la receta para nuestros pueblos va a ser más centralismo y menos gestión directa desde el territorio, el futuro de la España rural seguirá dependiendo de la caridad presupuestaria y no de un derecho ganado en las urnas.
