A menudo escuchamos hablar del Gobierno y de la Administración como si fueran una misma entidad, pero en realidad son dos piezas distintas que trabajan juntas para que el país funcione. Aunque sus funciones están estrechamente relacionadas, cada una tiene un papel específico dentro de nuestra organización estatal. Hoy intentaré exponer, de forma sencilla, en qué consiste cada una.
El Gobierno es el encargado de dirigir el poder ejecutivo. Es decir, toma las decisiones clave sobre cómo se van a gestionar los asuntos públicos. Estas decisiones se toman en el Consejo de Ministros, donde el presidente del Gobierno y los ministros, cada uno responsable de un área como la sanidad, la economía o la educación, establecen las políticas que se van a aplicar. En este sentido, el Gobierno tiene un papel político, porque decide cuáles son las prioridades del país y traza el camino que se debe seguir.
Por su parte, la Administración es el engranaje que pone en práctica esas decisiones. Si el Gobierno es quien diseña las políticas, la Administración se encarga de ejecutarlas. Está formada por miles de personas que trabajan en ministerios, oficinas públicas, ayuntamientos y otros organismos.
Estas personas son las que gestionan ayudas, tramitan documentos, supervisan el cumplimiento de las leyes y realizan otras muchas funciones necesarias para que el día a día de los ciudadanos se desarrolle con normalidad.
Un aspecto importante es que la Administración no solo incluye a los empleados públicos que trabajan para el Estado, sino también a las administraciones autonómicas y locales (entre las entre las que se encuentran los Ayuntamientos, las Comarcas y las Diputaciones Provinciales). Además, dentro de la Administración General del Estado, hay diferentes niveles de organización: una estructura central, que actúa desde Madrid; una periférica, que trabaja en las distintas provincias y comunidades autónomas; y una que opera en el exterior, como embajadas y consulados.
Aunque Gobierno y Administración son diferentes, a veces es difícil distinguirlos ya que están muy vinculados. Por ejemplo, muchos altos cargos de la Administración, como ministros, secretarios de Estado o subsecretarios, forman parte del Gobierno. Además, tanto el Gobierno como la Administración pueden producir actos administrativos, como aprobar normativas o gestionar recursos públicos. Sin embargo, cuando el Gobierno actúa como órgano político, sus decisiones no se consideran actos administrativos y no están sometidas al mismo control judicial.
Un caso práctico puede ayudar a entenderlo mejor. Imagina que el Gobierno decide aumentar las becas de estudio. Esa decisión política refleja una prioridad del Gobierno. Pero luego es la Administración quien organiza el proceso: tramita las solicitudes, comprueba los requisitos de los solicitantes y transfiere el dinero a los estudiantes.
Por último, la Constitución garantiza que tanto el Gobierno como la Administración están sometidos a la ley. Esto significa que sus actuaciones pueden ser revisadas por los tribunales, salvo en casos en los que el Gobierno actúe como órgano político, como cuando toma decisiones relacionadas con su función de dirección del país.
Este equilibrio entre la dirección política del Gobierno y la ejecución técnica de la Administración es fundamental para que el sistema funcione y las decisiones lleguen a la ciudadanía.