El exceso de velocidad, conducir bajos los efectos del alcohol y un premiso falsificado son las causas abiertas.
En las últimas semanas la Guardia Civil de Tráfico ha interceptado a tres conductores en la zona del Jiloca a los que se les acusa de sendos delitos contra la seguridad vial, a uno por exceso de velocidad, al segundo por conducir bajo los efectos del alcohol y a un tercero por estar al volante sin carné y presentar a los agentes un permiso falso.
El pasado 6 de diciembre la Guardia Civil detuvo a un conductor que circulaba a 215 km/h por la autovía A-23, vía en la que la velocidad máxima permitida se sitúa en 120 km/h. El vehículo fue captado por un radar fijo situado en esa vía, a la altura de Monreal del Campo y, tras las comprobaciones oportunas, los agentes comprobaron que el infractor tiene su domicilio en otra comunidad autónoma.
El segundo caso se produjo el pasado 10 de marzo cuando una mujer conducía cuadruplicando la tasa de alcohol permitida. Su coche fue parado en la Autovía Mudéjar, sentido Sagunto, en el término municipal de Calamocha, dentro de un control rutinario establecido por la Guardia Civil en la vía de alta ocupación. Tras ser sometida a las pruebas de detección alcohólica la conductora arrojó niveles de 1,19 mg/l y de 1,20 mg/l en aire expirado, cuando el máximo permitido se sitúa en 0,25. Tras detectar esos niveles, el vehículo quedó inmovilizado en ese punto.
Además, el pasado 1 de noviembre los agentes identificaron a un conductor de nacionalidad india y de 41 años de edad que circulaba por la N-234, en el término municipal de Calamocha, con un vehículo de su propiedad. Al comprobar su permiso de conducir el hombre presentó un carné expedido en Polonia, que causó dudas a los agentes sobre su autenticidad, por lo que se le intervino de manera cautelar.
Los tres casos han pasado ya a disposición del juzgado de Calamocha. Los conductores se enfrenta a un posible delito contra la seguridad vial. La condena puede ser o entre 3 y 6 meses de prisión o una multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y hasta 90 días y, en cualquier caso, la privación de permiso de conducir entre 1 y 4 años.
Además, en el último caso se añade también un posible delito de falsedad documental, que puede llevar aparejada una pena de prisión de seis meses a tres años y una multa de seis a doce meses.