La Administración Pública es una parte fundamental de nuestra sociedad, pero muchas veces sus conceptos pueden parecer complejos o lejanos. Por eso, después de definir qué es y cómo funciona, es importante detenernos en los principios básicos que la guían. Estos principios no solo explican su organización y actuación, sino que también garantizan que su labor esté al servicio de todos los ciudadanos.
Como expliqué en el anterior artículo, la Administración Pública engloba a las instituciones que gestionan los servicios y recursos del Estado y está guiada por unos principios fundamentales recogidos en nuestra Constitución. Estos principios garantizan que su actuación sea justa, eficiente y al servicio de la ciudadanía. Voy a tratar de exponer, de manera sencilla, en qué consisten.
Principios de organización
Estos principios definen cómo se estructuran las instituciones:
- Jerarquía: Imagina una pirámide en la que los órganos superiores dirigen y supervisan a los inferiores. Esto asegura orden y claridad en la toma de decisiones. Sin embargo, hoy en día, muchas áreas valoran el trabajo en equipo y la corresponsabilidad, reduciendo la rigidez de este esquema.
- Descentralización: Consiste en repartir competencias entre diferentes niveles de gobierno (Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, Comarcas y Ayuntamientos) o en entidades públicas. Por ejemplo, los Ayuntamientos gestionan servicios locales, mientras que el Estado se encarga de asuntos nacionales.
- Desconcentración: Dentro de una misma institución, se asignan tareas a órganos más cercanos al territorio o al ciudadano. Por ejemplo, las Delegaciones del Gobierno representan al Estado en las provincias, facilitando una gestión más ágil.
- Coordinación: Este principio busca que las diferentes instituciones trabajen juntas, compartiendo información y recursos para evitar duplicidades y mejorar la eficacia.
Principios de actuación
Estos principios guían cómo debe comportarse la Administración:
- Servicio a los intereses generales: La Administración no actúa en beneficio propio ni de intereses privados. Su único objetivo es atender las necesidades de la población.
- Objetividad: Todas las decisiones deben ser imparciales y basarse en los fines establecidos por las leyes, sin favoritismos ni arbitrariedades.
- Legalidad: La Administración está completamente sometida a las leyes. No puede actuar fuera de lo que establece el ordenamiento jurídico.
- Eficacia: Su actuación debe ser eficiente, utilizando los recursos públicos de forma responsable para alcanzar los objetivos previstos.
- Participación ciudadana: Aunque no siempre es obligatorio, en algunos casos la Administración debe escuchar la opinión de los ciudadanos antes de tomar decisiones, como ocurre con proyectos que afectan a la calidad de vida.
- Transparencia: Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información sobre cómo actúa la Administración, ya sea consultando archivos o siguiendo el progreso de trámites que les afecten.
- Tutela judicial: Si alguien considera que la Administración ha actuado injustamente, puede recurrir a los tribunales para proteger sus derechos.
- Garantía patrimonial: Si un ciudadano sufre un daño por el funcionamiento de los servicios públicos, tiene derecho a ser indemnizado, salvo en casos de fuerza mayor.
Estos principios son esenciales para que la Administración Pública sea una herramienta eficaz al servicio de todos. Entenderlos nos permite exigir que nuestras instituciones funcionen correctamente y con respeto hacia los derechos de cada persona.