GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
José Ángel García
Si la Constitución es la norma fundamental de todo el Estado, los Estatutos de Autonomía son la norma institucional básica de cada comunidad autónoma. En ellos se define cómo se organiza cada territorio, cuáles son sus instituciones y qué competencias puede ejercer dentro del marco establecido por la Constitución.
Cada comunidad autónoma dispone de su propio Estatuto, aprobado mediante Ley Orgánica por las Cortes Generales. Esto significa que, aunque regula la organización interna de una comunidad, también forma parte del ordenamiento jurídico del Estado y solo puede modificarse siguiendo procedimientos especialmente reforzados.
El contenido mínimo de los Estatutos aparece recogido en el artículo 147 de la Constitución. Deben indicar, entre otras cuestiones, la denominación oficial de la comunidad autónoma, la delimitación de su territorio, la organización de sus instituciones de autogobierno y las competencias que asume dentro del reparto establecido por la Constitución.
En la práctica, el Estatuto actúa como una especie de «manual de funcionamiento» de cada comunidad. Regula la composición de su Parlamento, la elección de su presidente, el funcionamiento de su Gobierno, la organización de su Administración y muchos otros aspectos relacionados con el ejercicio de su autonomía.
Sin embargo, conviene recordar una idea fundamental: autonomía no significa soberanía. Las comunidades autónomas disfrutan de una amplia capacidad de autogobierno, pero siempre dentro de la Constitución. Así lo ha reiterado en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional, que recuerda que la soberanía corresponde al conjunto del pueblo español y no a cada comunidad autónoma de forma individual.
Por ello, los Estatutos no pueden contradecir la Constitución ni modificar el reparto general de poderes establecido en ella. Tampoco pueden aprobarse o reformarse unilateralmente, ya que toda modificación requiere la participación de las Cortes Generales mediante una nueva Ley Orgánica y, en determinados casos, incluso la celebración de un referéndum.
Con el paso de los años, prácticamente todos los Estatutos han sido reformados para adaptarse a la evolución de las comunidades autónomas y ampliar determinadas competencias o modernizar su organización institucional. Un ejemplo cercano es el Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado mediante la Ley Orgánica 5/2007.
Gracias a los Estatutos, cada comunidad puede organizar sus propias instituciones y gestionar numerosas materias de interés para sus ciudadanos, siempre respetando los principios de unidad, igualdad y solidaridad que inspiran nuestro sistema constitucional.
En definitiva, los Estatutos de Autonomía representan el puente entre la Constitución y las instituciones autonómicas. Son la base jurídica que hace posible el autogobierno y permite combinar la unidad del Estado con la diversidad de sus territorios.
¿Sabías qué?
• Todos los Estatutos de Autonomía son aprobados por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica, por lo que también forman parte del ordenamiento jurídico estatal.
• El Estatuto de Aragón fue reformado en 2007, adaptando su organización y ampliando determinadas competencias.
• El Tribunal Constitucional ha recordado en varias sentencias que autonomía no equivale a soberanía, ya que la soberanía corresponde al conjunto del pueblo español.
• Los Estatutos solo pueden reformarse siguiendo procedimientos especiales, más exigentes que los de una ley ordinaria, para garantizar la estabilidad del sistema autonómico.