EL TULIPÁN NEGRO
Cuando los pobres nos metemos en esto de adquirir nuestra
vivienda porque, si se puede, vale más pagar la hipoteca que
el recibo del alquiler, el problema que se nos viene encima es
importante.
Se han de hacer sacrificios de todo tipo para pagar la cuota
de hipoteca o el alquiler mensual. Estos sacrificios pasan por no
tomar el vermú del viernes, ni el del sábado, ni el del domingo.
No poder disfrutar de vacaciones anuales si no es en casa de
tus padres, es decir no viajar, no ir a la playa y tirar de imaginación,
de parque infantil y de senderismo.
No poder ir a cenar fuera de tu casa, ni siquiera un día a la
semana.
No poder planificar ningún gasto extra, ni poder disponer del
viaje a la montaña o a la playa los fines de semana, ni a esquiar.
No poder salir con tu novio/a o pareja nada más que a pasear
y a comer pipas en el parque municipal y, si tienes hijos, convencerlos
de que las cosas cambiarán y de que unos años más
adelante se podrá tener algún capricho.
Desde luego la experiencia de los pobres fue esa en la década
de los 80 del siglo pasado.
Los recursos con los que podían contar eran pocos y el gasto
en vivienda durante varios años supuso el 51,25% de los ingresos.
La situación en algunos momentos parecía insostenible, se
tenía la idea de que nos iban a embargar y nos quedaríamos sin
nada.
Bien es cierto que no nos teníamos que enfrentar a fondos buitre
ni a grandes tenedores de inmuebles para alquilar.
Había además una política de vivienda. Comprábamos Vivienda
de Protección Oficial y nos tenían que subvencionar los
intereses del préstamo hipotecario.
Existe en la actualidad un déficit de oferta y mucha demanda
de vivienda.
Lo cierto es que nuestros próceres (entiéndase nuestros gobernantes)
no han movido un dedo para solucionar el problema
de la vivienda en muchos años.
Son nuestras Comunidades Autónomas las que tienen la mayoría
de las competencias en materia de vivienda, busquen y
vean cuánto hace que no existe una política de vivienda real.
La escasez de vivienda es un problema muy grave en España.
Las competencias se reparten entre las Comunidades Autónomas,
el Estado y el Municipio. Las primeras desarrollan la
política real de vivienda, el Estado define el marco y coordina
y el Municipio gestiona el suelo y su desarrollo físico sobre el
terreno.
No parece pues que para llegar a esta situación se haya desarrollado
política alguna en materia de vivienda.
Pero atentos, toda inversión a realizar en vivienda conlleva
muchos sacrificios para los pobres que, somos la mayoría, y hay
que estar dispuesto a asumirlos.