GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
José Ángel García
Uno de los conceptos clave de la Constitución Española es el de derechos fundamentales. Pero, ¿qué significa esto exactamente? En pocas palabras, se trata de libertades y garantías que todas las personas tienen por el simple hecho de vivir en nuestro país. Son derechos básicos que nadie puede quitar, y que el Estado está obligado a respetar, proteger y, en muchos casos, a garantizar que se cumplan.
Estos derechos están recogidos en el Título I de la Constitución, y abarcan cuestiones muy diversas: el derecho a la vida, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la protección de la intimidad, el acceso a la educación o la participación política. El texto constitucional garantiza, entre otros, el derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15), la libertad ideológica y religiosa (art. 16), y que nadie pueda ser privado de su libertad sin una causa justificada (art. 17). También se reconoce el derecho a circular libremente por el país (art. 19), a expresar opiniones (art. 20), a reunirse pacíficamente (art. 21) o a asociarse libremente (art. 22). Todos estos derechos buscan proteger la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas.
Uno de los derechos más importantes es el de tutela judicial efectiva (art. 24), que permite acudir a los tribunales si alguien cree que sus derechos han sido vulnerados. No basta con que los derechos estén reconocidos, sino que deben ser defendidos ante la justicia. En casos especialmente graves, si no se encuentra solución en los tribunales ordinarios, existe la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, garantizando así que los derechos sean respetados incluso en situaciones complejas.
Además, estos derechos no pueden ser limitados de cualquier manera. Solo una ley aprobada por el Parlamento puede regular cómo se ejercen, y siempre respetando su esencia. Esto garantiza que los derechos no dependan del capricho de ningún poder. En este sentido, el artículo 53 establece que los derechos fundamentales tienen fuerza legal, y su ejercicio está sometido a un control judicial eficaz, lo que asegura que sean realidades protegidas por el sistema judicial. Los derechos no son solo principios abstractos; son realidades con respaldo legal.
Cabe señalar que no todos los derechos tienen el mismo nivel de protección. Los comprendidos entre los artículos 15 y 29 —conocidos como derechos fundamentales y libertades públicas— cuentan con una defensa especialmente reforzada. Otros derechos, como el derecho al trabajo, a la vivienda o a la protección de la salud, también son esenciales, pero su garantía depende del desarrollo que hagan las leyes ordinarias. La Constitución ofrece un marco general, y corresponde a los poderes públicos desarrollar las leyes que concreten estos derechos en la práctica.
Es importante recordar que todo derecho implica una responsabilidad. No se pueden ejercer los derechos sin tener en cuenta a los demás. Por ejemplo, la libertad de expresión no permite insultar ni difundir mentiras; el derecho de manifestación exige que sea pacífica; y la propiedad privada no puede usarse para dañar a otros o al medio ambiente. Por tanto, los derechos y las obligaciones van unidos. Tenemos derecho a ser respetados, pero también la obligación de respetar. La Constitución no solo nos protege: también nos exige actuar con responsabilidad como ciudadanos en una sociedad democrática.
En situaciones excepcionales —como una catástrofe o una crisis grave—, el Gobierno puede declarar el estado de alarma, excepción o sitio, lo que permite suspender algunos derechos de forma temporal. Sin embargo, esa suspensión debe hacerse bajo un control legal y con límites muy concretos, garantizando que no se vulneren derechos de forma excesiva.
En definitiva, los derechos fundamentales son la base de nuestra vida democrática. Permiten que todas las personas vivan con dignidad, en libertad, con justicia e igualdad de condiciones. Conocerlos es clave, porque forman parte de lo que somos como sociedad. Y ejercerlos bien también es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos.
Todos estos derechos descansan sobre un pilar esencial del Estado de Derecho: la seguridad jurídica. Esto significa que las leyes deben ser claras, estables y predecibles, para que cada persona sepa cuáles son sus derechos, cómo defenderlos y dónde están los límites. Sin seguridad jurídica, los derechos quedarían vacíos. Por eso, la Constitución no solo los reconoce, sino que establece las herramientas necesarias para hacerlos valer.