PEDRO POLO
Diputado provincial y portavoz PSOE
En el grupo socialista en la Diputación de Teruel somos concienzudos en la labor de oposición, tratamos de ser intensos y exigentes con la labor de gestión que les corresponde a los tres grupos del equipo de gobierno y, por supuesto, tratamos de ser contundentes en materias que consideramos un retroceso para la provincia.
Lamentablemente, durante este primer año en demasiadas ocasiones hemos tenido que ser así, denunciando y controlando la acción de gobierno para que rectificaran y fueran útiles a los turolenses. Lamentablemente no hemos tenido mucho éxito en lo de modificar su posición, al menos públicamente, en un buen número de temas. Pero no perdemos la esperanza y seguiremos igual, porque vemos “brotes verdes”. Por ejemplo en materia de personal, donde la diputada, tras unas cuantas denuncias incluso en los juzgados, se ha empezado a dar cuenta que había que modificar ciertas cosas. Celebramos las rectificaciones aunque sean al estilo PP, en diferido.
También nos alegra que por fin se ponga en marcha un Plan de Concertación para los ayuntamientos que, gracias a la buena gestión del Gobierno de España que preside Pedro Sánchez y a la mejora en mucho la financiación de las entidades locales y provinciales, va a ser cuantioso. Era una de nuestras enmiendas al presupuesto y, tras insistir, se ha incluido en la programación de un tripartito que nada adelantó de este instrumento fundamental para los municipios.
Además de ser duros y exigentes en el control, en repetidas ocasiones hemos mostrado nuestra voluntad de ser constructivos y proactivos, proponiendo iniciativas importantes para todos los turolenses. En esta línea, en el pleno anterior llevamos una iniciativa que creemos crucial, además de innovadora y ambiciosa.
Buscábamos la unanimidad en una una especie de pacto provincial que declarara una voluntad unánime de salvaguardar nuestros bosques de los riesgos que afrontan: el abandono de la gestión, los incendios forestales y el cambio climático que “seca” nuestras masas forestales. Ante la excusa de que la gestión de los montes no es competencia de la Diputación, señalamos que no hablábamos de gestión de montes de utilidad pública, donde la competencia es del Gobierno de Aragón. Hablábamos de ayudar a los ayuntamientos y que las masas forestales que no son gestionadas por el Ejecutivo autonómico tuvieran un apoyo de una institución superior, del ayuntamiento de los ayuntamientos, rescatando a los bosques de su abandono y, además, sacándoles provecho.
Hablábamos de una tierra que es la gran abandonada y olvidada: de los montes privados y patrimoniales, propiedad tanto de los ayuntamientos como de particulares, cuya gestión corresponde a sus dueños, y no son de utilidad pública. Más de la mitad de nuestra provincia, el 55 %, es forestal, es monte. De esa superficie, sobre el 40 % es de titularidad privada o patrimonial. Son esos los montes a los que se refería la propuesta, una superficie totalmente huérfana de lo público. Ni particulares ni ayuntamientos, tienen los recursos suficientes para impulsar la gestión de sus montes, y ahí es donde aparece la Diputación como la institución idónea para impulsar una fórmula que nos libre de grandes catástrofes.
Si no hay concentración de la propiedad, no hay gestión posible, sino abandono. La superficie media de una parcela forestal privada es de 10 hectáreas frente a las 700 de superficie media para los montes de utilidad pública. Minifundismo máximo que no interesa.
Es muy sencillo: hay que concentrar propiedad para hacer viable la gestión y de esta forma luchar contra los incendios forestales, valorizar nuestros productos forestales, generar empleo y actividad económica donde más pérdida de población existe. Y para ello la fórmula ideal es la asociación de propietarios forestales y la institución propicia para impulsarlas, la Diputación de Teruel.