En un contexto de crecientes preocupaciones ambientales y de bienestar social, la gestión de la recogida de residuos sólidos y urbanos por parte de FCC (Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.) en la Comarca del Jiloca ha generado una ola de críticas y descontento entre los vecinos. La situación es paradójica, ya que la empresa, según su Informe de Resultados del primer semestre de 2025, reporta una cifra de negocio de 4.556,9 millones de euros, un capital que contrasta fuertemente con la deficiente calidad del servicio que se presta en la comarca. Los residentes de la comarca han sido testigos de imágenes lamentables: basuras sin recoger, contenedores desbordados y un servicio que, lejos de mejorar, parece ir a peor. Este deterioro es especialmente frustrante si se tiene en cuenta la reciente subida de los recibos tras la adjudicación del último contrato. La pregunta que muchos se hacen es lógica: ¿por qué, si los vecinos pagan más, el servicio no mejora? Con los ingresos multimillonarios que la empresa genera, parece inconcebible que no se pueda invertir en personal y recursos para garantizar un servicio eficiente y digno. La falta de transparencia y la negativa a responder a las peticiones de los medios de comunicación solo aumentan la sensación de impotencia y frustración. Los problemas, que ya venían de una gestión anterior tensa entre la empresa y los antiguos trabajadores, no han encontrado una solución adecuada por parte de la gestión comarcal, que no supo relajar las tensiones. A todo esto se suma una alarmante falta de supervisión. Es vital que la Comarca del Jiloca, cuya principal responsabilidad es precisamente la gestión de residuos y los servicios sociales, entre otros, cuente con personal capacitado para controlar, supervisar y exigir el cumplimiento del pliego de condiciones. La inacción en este frente no solo perpetúa el mal servicio, sino que también evita que se apliquen las sanciones previstas en el contrato, dejando a la empresa sin consecuencias por su gestión deficiente. Es imperativo que las instituciones y los responsables políticos asuman su responsabilidad. Los ciudadanos no solo pagan por un servicio; esperan que se gestione de manera eficaz y se les garantice un entorno limpio y saludable. La gestión de los residuos, junto a los servicios sociales, es una de las competencias más importantes de la comarca, y su fracaso en este ámbito es un reflejo de una administración que no está a la altura de las necesidades de sus vecinos.