El origen de la Administración Pública en España se remonta a la Edad Media, pero su desarrollo moderno comienza con los Borbones en el siglo XVIII. Para entender la Administración Pública en la actualidad, es imprescindible acudir a su base jurídica y organizativa: la Constitución Española de 1978. Si en los artículos anteriores he analizado el concepto de Administración, sus principios y funciones, ahora es el momento de conocer el marco normativo que la sustenta.
¿Qué es la Constitución y por qué es fundamental?
La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. En ella se establecen los principios fundamentales del Estado, los derechos y deberes de los ciudadanos y la estructura de los poderes públicos. Fue aprobada en 1978, en un contexto de democrática, con el propósito de garantizar un sistema basado en la libertad, la justicia y la igualdad. Desde el punto de vista de la Administración Pública, la Constitución es esencial porque define cómo debe organizarse y funcionar el Estado. Sin este marco, no habría una regulación clara sobre la gestión de los recursos públicos ni sobre la distribución del poder entre las diferentes instituciones.
¿Por qué se la llama Carta Magna?
Una curiosidad es que a nuestra Constitución se la denomina “Carta Magna”, término utilizado para referirnos a una gran carta o gran ley, cuyo origen proviene del latín “Magna Carta” y significa, literalmente, “Gran Carta”. Esta denominación se refiere a un documento histórico muy importante: la Magna Carta Libertatum, firmada por el rey Juan I de Inglaterra en 1215. Está considerada como uno de los documentos fundacionales del derecho y las libertades en el mundo occidental. Su propósito inicial fue limitar los poderes del monarca y proteger ciertos derechos de los nobles frente a los abusos del rey. A lo largo del tiempo, ha llegado a simbolizar la lucha por las libertades individuales y la limitación del poder absoluto del Estado. La principal razón por la cual se usa el término “Carta Magna” es por el peso simbólico y la importancia que tiene este tipo de documento en la estructura del Estado, en la organización del poder y en la garantía de los derechos de los ciudadanos.
Estructura y Principios Claves
El texto constitucional se divide en varios títulos, de los cuales destacan los siguientes en relación con la Administración:
Título Preliminar: Establece los principios básicos del Estado, como la soberanía nacional, la estructura territorial y el respeto a los derechos fundamentales.
Título I – Derechos y Deberes Fundamentales: Reconoce
derechos esenciales como la igualdad, la educación o la participación
política, principios que la Administración debe garantizar.
Título II – La Corona: Define el papel del Rey como jefe de
Estado con funciones representativas.
Título III – Las Cortes Generales: Regula el poder legislativo,
encargado de elaborar las leyes que rigen la Administración.
Título IV – El Gobierno y la Administración:
Título VIII – Organización Territorial del Estado:
Determina la estructura del Ejecutivo y su relación con la Administración Pública. Organiza España en municipios, provincias y comunidades autónomas, dotándolos de autonomía para gestionar sus competencias. Además, la Constitución Española de 1978 incluye disposiciones adicionales y transitorias que abordan temas como la ordenación territorial y la adaptación de leyes previas al nuevo sistema. También deroga las leyes fundamentales anteriores y establece que la Constitución entra en vigor de inmediato, además de ser publicada en las lenguas oficiales de España, garantizando su aplicación en todo el territorio. Conocer y haber leído la Constitución Española, al menos una vez, es fundamental para cualquier ciudadano, ya que es el marco que define nuestros derechos y deberes, así como la estructura y funcionamiento del Estado. Nos proporciona las herramientas necesarias para entender cómo se organiza la sociedad, cómo se distribuye el poder y qué principios rigen nuestras vidas cotidianas. Leerla nos permite ejercer nuestros derechos con conocimiento, participar de forma más activa en la vida política y, en última instancia, defender y proteger la democracia. En un país democrático como el nuestro, entender la Constitución nos hace más responsables y conscientes de nuestro papel en la sociedad