ANTONIO ABAD
Concejal del Ayto. de Calamocha
En mayo de 2023 Teruel Existe entró al Ayuntamiento de Calamocha. En junio los concejales tomamos posesión y en julio se configuró el equipo de gobierno. Unos meses después alguien nos dijo que la residencia municipal tenía problemas y tengo que admitir que creía que todo lo relativo a ella estaba solventado desde que se supo en 2019 que la Fundación Rey Ardid la gestionaría.
Estando en el Ayuntamiento nos enteramos de que ya a finales de 2020 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo sentenció que el concierto de la residencia del Ayuntamiento con la Fundación Rey Ardid no se había realizado correctamente y que en 2022 el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) lo confirmó. Con contundencia esta instancia superior dijo que en el expediente no había ni ‘el más minimo atisbo’ de justificación para elegir la acción concertada como forma de funcionamiento en nuestra residencia.
El concierto, para entendernos, es hacer un traje a medida que satisfaga a ambas partes en lo posible. La ley lo contempla en unas condiciones concretas. En cambio, el Alcalde de mi pueblo ha repetido hasta la saciedad que todo era cuestión de unos detalles en el informe económico-financiero. Pero no son unos pequeños detalles sin importancia los que tumban un negocio que manejaría cerca de 32 millones de euros en 20 años (en los pliegos actuales se cifra en algo más de 1,6 millones al año, IVA incluido). Es decir: no quedaba claro por qué el Ayuntamiento se lo daba por 20 años (prorrogable por otros 10) a una fundación concreta y con nombre y apellidos. Ahora, más de dos años después de la sentencia confirmatoria del TSJA el Ayuntamiento ha sacado unos pliegos de licitación que nacen con la mejor de las voluntades: lograr que un proyecto municipal de tantos y tantos años por fin pueda operar con normalidad y preste servicio a la población.
Pero ocurre que venimos de un proceso viciado en origen y que las inversiones que tuvo que hacer Rey Ardid pretenden ser trasladadas por el Ayuntamiento a quien se atreva a presentar oferta para la residencia. Nosotros en el escaso tiempo que tuvimos para estudiar los pliegos ya vimos esta dificultad; también lo ha hecho ahora la asociación estatal de entidades de servicios de atención a domicilio (ASADE) y que por ello ha presentado alegaciones a los pliegos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA). Independientemente de lo que ahora resuelva el tribunal de contratos es entendible que un nuevo actor que quisiera gestionar la residencia no quiera asumir inversiones pendientes de amortizar de un operador anterior.
La sensación es que el canon de más de 40.000 euros anuales que ahora se establece para quien opere la residencia parece una especie de ‘seguro de vida’ que disuade a otros posibles ofertantes. Lo lógico parece que el negocio entre los dos primeros debería saldarse antes de sacarlo a licitación. Pero claro, ello supondría para el Ayuntamiento asumir el coste de las amortizaciones pendientes (algo más de 492 mil euros), admitir que no se ha actuado correctamente (algo que ya han dictado los tribunales) y que inicialmente se trató de salir del paso con el tema de la residencia resuelto de manera interesada. Somos rehenes de aquello.
Quizás algún consejero aconsejó que poner la residencia a funcionar lo antes posible era un acierto, que una vez estuviera en marcha nadie cuestionaría la fórmula elegida. Pero de aquellos barros estos lodos y aquí estamos: unos cuantos años después y todo empantanado, arriesgándonos a tener que asumir los costes derivados de aquel arreglo. Y algo de culpa tendremos los de la oposición en el Ayuntamiento de Calamocha si no somos capaces de transmitirlo. Solo nos queda esperar que la residencia pronto pueda operar con normalidad y que se resuelva lo más rápido posible.
¿Dónde estaban los que nos tenían que informar de todo esto? A mí y al resto de calamochinos a los que se nos ha ocultado información. Nos ha faltado información, como nos falta desde el principio, incluso nos restringieron el acceso a los expedientes municipales. En cambio, nos sobresaturan con aquello que sí les interesa.
Y esto que acabo de escribir es lo que me hubiera gustado leer en 2022, cuando el TSJA sentenció. Otra gestión destacada ¿Alguien va a asumir responsabilidades? ¿Es mucho pedir?