Alrededor de 300 personas se concentraron el 10 de noviembre en Teruel para exigir que las ayudas al funcionamiento se apliquen hasta el 20% que permite la comisión europea. La convocatoria reunió a empresarios, representantes institucionales, trabajadores y ciudadanía. Entre los presentes se encontraba el presidente de la Asociación de Comercio e Industria de Calamocha (ACIC), Antonio San Roque.
En la lectura del manifiesto se detalló que estas ayudas “no son un privilegio, sino un instrumento de justicia territorial, reconocido por la propia Unión Europea para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión entre regiones”. Explicaron que permitirían reforzar la competitividad y sostenibilidad del tejido empresarial turolense, fomentar la creación y mantenimiento del empleo, atraer inversión, fijar población y reducir los costes laborales, impulsando la productividad y mejorando las condiciones de los trabajadores